Amistades peligrosas en Quilmes

El partido de Quilmes se fundó hace 231 años. En su propio nombre ya se desprende una historia de desigualdad, drama y sangre. La comunidad aborigen de los Quilmes intentó resistir la conquista española en lo que hoy es Tucumán, su territorio, fue derrotada, y las familias que sobrevivieron caminaron desde el norte del país hasta el lugar donde hoy un ejército de policías, servicios de inteligencia, prefectos y gendarmes siguen buscando a los tres prófugos del caso efedrina.

Los hermanos Martín y Cristian Lanatta, condenados a cadena perpetua por haber cometido el llamado Triple Crimen de General Rodríguez, se criaron en las mismas calles en las que hoy supuestamente esquivan a la estrategia de la cúpula de las Fuerzas Seguridad Nacionales.

Ayer se supo que la gobernadora de Buenos Aires, a través del ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, había desplazado a la cúpula de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Quilmes por posibles conexiones con los fugados o sus familiares a quienes debían encontrar.

Clarín pudo saber que la versión oficial que llevó a las autoridades a tomar esa decisión drástica es ésta: la única DDI de Buenos Aires que no se ocupó de monitorear realmente las calles de su ciudad fue la de Quilmes, justamente. De las 420 cámaras instaladas por el municipio durante la gestión anterior, solo funcionaban alrededor de 187. Estaban además enfocadas sin criterio profesional, amontonadas, enfocadas en su mayoría en lugares que no servían para nada.

Todos los caminos del “caso efedrina” se entrelazan en Quilmes.

Foto: Allanamiento. Uno de los realizados ayer, en Quilmes Oeste. /M.Sayes

Los Lanatta nacieron y se especializaron allí, en una carrera redituable para muchos bonaerenses: el profesionalismo pago del uso de la violencia física. Martín Lanatta afirmó que su jefe siempre fue el ex intendente Aníbal Fernández

Lo mismo hicieron los hermanos Schillaci, aunque algunos de ellos, como el prófugo Víctor, trabajó más para la familia Mussi, que gobierna Berazategui desde hace décadas. El jefe de los Mussi, Juan José, es uno de los mejores amigos de la política de Fernández.  

El flamante nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, vive en la calle Chile de Ezpeleta, a pocas cuadras de una de las pizzerías del detenido por el caso Marcelo Melnyk.

El ex jefe de Gabinete, y ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández, intentó ayer descalificar un artículo de Clarín en el que se reveló que conocía a Melnyk. Se trata del pizzero, apodado “El Faraón”, quien le confesó a la Justicia que ayudó al trío de fugados de la cárcel de General Alvear durante su huida frenética hacia aun no se sabe dónde.

Fernández, en rigor, no desmintió nada de lo publicado: sólo habló de “diálogos ficticios” que él habría tenido con Melnyk, y que este diario reconstruyó en base a fuentes que conocieron a ambos. No dijo que no conocía a Melnyk.

Es por una cuestión simple: lo conoce. Melnyk trabajó junto a él; y también para La Cámpora en el distrito.

Según Fernández, su derrota como candidato a gobernador de Buenos Aires fue la consecuencia de una investigación del programa PPT, de Jorge Lanata, que difundió una entrevista en la que el preso y asesino Martín Lanatta se autoinculpó en distintos delitos, al revelar que había trabajado para el ex funcionario como parte de una red de tráfico ilegal de efedrina y armas.

Fernández obvió que esos dichos de Lanatta fueron ratificados por él mismo tres veces ante la Justicia. Tres. Fernández no solo le echó la culpa de su derrota electoral, la peor del PJ en Buenos Aires de los últimos 40 años, a la televisión: afirmó, sin mostrar pruebas, que este periodista, que no tuvo nada que ver con ese reportaje, había cobrado dinero del asesino Lanatta para que hable y que además fue responsable de su escape de la cárcel. ¿Presentó pruebas al respecto?

“No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas”, había dicho su jefa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para hablar de lo que consideró fue el asesinato de Alberto Nisman. Esa doctrina retórica tal vez tenga efecto en Twitter, pero no sirve si se tiene en cuenta la jurisprudencia que se usa en los juzgados regidos por el Derecho.