El cuerpo

01 de Noviembre de 2015

Hace algunos lustros, cuando cobró fuerza en los medios la discusión sobre la despenalización y eventual legalización del aborto, uno de los argumentos de más peso esgrimidos por quienes apoyaban esta reforma era el problema de salud y la seguridad a las mujeres que, temerosas de ser perseguidas y encarceladas, interrumpían su embarazo en condiciones insalubres lo que les provocaba infertilidad e, incluso, la muerte.

Sin embargo, un sector más radical de feministas proclamaba entre sus consignas que la mujer es la dueña de su cuerpo y, por tanto, podía decidir si seguía llevando o no consigo el producto del embarazo, contrario a la visión religiosa que considera al embrión como un ser humano desde su concepción y, por tanto, sujeto de derechos.

En aquel entonces —la preocupación porque el Estado tutelara la salud y la defensa del derecho de los individuos a decidir sobre su propio cuerpo— convergían en un mismo fin, con independencia de que ambos argumentos fueran apoyados o no por la totalidad de quienes demandaban que la interrupción del embarazo fuera legal.

El caso viene a mi memoria porque esta semana, desde distintos frentes, la salud y la autonomía individual sobre el cuerpo se convirtieron en tema de debate en relación con políticas públicas y en un par de casos con implicaciones legales.

El primero de ellos aún no las tiene, pero quizá no tarde algún legislador en proponerlas: se trata del estudio de la Organización Mundial de la Salud presentado el pasado martes, en el que advierte que las carnes rojas y procesadas tienen el potencial de desarrollar cáncer.

El anunció inició una polémica en la que médicos y especialistas han planteado la necesidad de dar explicación más detallada, mientras que los productores del alimento intentan restarle contundencia a las conclusiones del organismo internacional (entendible, pues de eso depende su negocio).

Más de uno que escuchó la noticia seguramente ya eliminó los embutidos de su dieta, lo cual es perfectamente comprensible como postura individual. El problema será cuando congresistas “progres” decidan incorporar las conclusiones de la OMS como política de salud pública y determinen que las carnes rojas y procesadas deban ser prohibidas o, al menos, sujetas a un régimen impositivo que desestimule su consumo.

No exagero. Al menos, la protección sanitaria fue uno de los argumentos utilizados por los senadores que revirtieron la decisión de los diputados de disminuir el impuesto a los refrescos. Un día antes, investigadores de la Universidad de California demandaron a los congresistas mantener el gravamen a las bebidas gaseosas con base en un estudio que revela cómo beneficia a los niños el disminuir su consumo. Uno de los especialistas les envió una carta en la que les pide que sea la evidencia científica la que guíe la política pública en favor de los mexicanos (Excélsior, 28/X/2015). Con lo diligentes que son, no nos extrañe que dentro de poco escuchemos debatir sobre la “ley anticáncer”, mejor conocida como “ley antisalchichas”.

Más compleja por sus implicaciones es la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de la mariguana. Como se recordará, el debate gira en torno a un proyecto que propone conceder un amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) que busca permitir la siembra y portación de cannabis con fines recreativos y lúdicos.

La prohibición va contra el libre desarrollo de la personalidad, sugiere el proyecto. El caso, por cierto, coincide con la reciente autorización que dio un juez para que se pudiera importar mariguana medicinal para la atención de la niña regiomontana Graciela Elizalde. 

Qué bueno que los ministros pospusieron el debate porque implica, a mi juicio, mucho más que el simple derecho a legislar la diversión. Ya veremos qué tanto está la sociedad preparada para debatir este tema sin riesgo de entrampamiento o politización.

Lo interesante, por ahora, es ver si algún día los mexicanos podremos tomar decisiones inteligentes sobre nuestros cuerpos sin necesidad de que alguna ley o autoridad lo regule. Valdría la pena reflexionarlo, nomás por salud mental.

                Twitter: @Fabiguarneros