Mariguana

31 de Octubre de 2015

La premisa básica detrás de prohibir la producción, venta y uso de drogas es que ésta es un mecanismo eficaz de restringir tanto su consumo como sus efectos nocivos. Pues bien, la evidencia parece indicar que prohibir una sustancia de alta demanda y fácil producción en realidad no consigue los resultados deseados y, más bien, ha producido un sinnúmero de costos sociales que van más allá de sus efectos directos en los consumidores.

Vayamos por partes. Partamos de dos preguntas cruciales: ¿Puede el Estado regular o controlar lo que consume la gente? Puede intentar hacerlo, claro está, pero cosa aparte es si en verdad lo puede conseguir. Ahora bien, ¿debe hacerlo? Esto depende de las características y/o los posibles efectos de cada sustancia. El tabaco, el alcohol, la mariguana y otras drogas tienen efectos nocivos en la salud de diferente grado. El consumo excesivo de grasas y azúcares, también. ¿Por qué prohibimos el consumo de unas sustancias, regulamos otras y otras, simplemente, las dejamos al libre albedrío de la población?

Para responder estas preguntas hace falta evidencia sobre los efectos de cada sustancia, así como contrastar las consecuencias, costos y beneficios —sociales y privados— de cualquier marco regulatorio. Por desgracia, el debate público sobre la (des)penalización de las drogas más bien parece un diálogo entre los prejuicios de unos y otros.

También hace falta un poco de teoría simple de oferta y demanda. La prohibición de un producto con elevada demanda produce lo que los economistas llaman un “mercado negro”. Mientras haya demanda por estupefacientes, los productores y distribuidores encontrarán el modo de atenderla, siempre que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio suficientemente alto. Por un lado, al tratarse de una sustancia ilegal, los especialistas en el crimen y contrabando tendrán una ventaja comparativa para dedicarse a traficarlas. Por otro lado, si el consumo de sustancias ilegales es amplio, el Estado tendrá que destinar cuantiosos recursos para perseguir a productores y consumidores. Por último, si la sustancia ilegal es menos dañina o adictiva que otras sustancias de consumo legal, la sociedad en general estará desperdiciando recursos materiales y humanos.

Esta historia no es nueva porque la mariguana no es la primera ni la única sustancia cuya penalización ha resultado producir más costos sociales que beneficios. Estados Unidos, por ejemplo, experimentó con la prohibición de la producción y venta de alcohol entre 1920 y 1933. Hoy día, aunque la ley federal de Estados Unidos prohíbe el uso, venta y posesión de mariguana, un número creciente de estados —tales  como Alaska, Colorado, Oregon y Washington— han despenalizado su uso, ya sea para fines medicinales o incluso recreativos. En veinte estados se permite su uso medicinal, por ejemplo.

La alternativa al prohibicionismo no es el uso irrestricto sino su regulación. La despenalización de la mariguana sería un primer paso, por ejemplo, para poder cobrar impuestos por su consumo —tal y como ocurre con el tabaco y el alcohol—. A mayor impuesto, mayor precio y menor cantidad demandada. Y a mayor demanda, mayor recaudación que podría destinarse tanto a paliar los efectos más nocivos de las drogas como los crímenes más peligrosos. Por ello, antes de pronunciarse sobre el caso mexicano, bien valdría la pena analizar las ventajas y desventajas de las muy diversas formas en que la mariguana se regula en el mundo. No es un asunto fácil, pero es hora de debatirlo con seriedad.